Cuando Bibi Netanyahu se juramentó en la Knesset y juramentó a los miembros de su sexto gobierno este pasado jueves, no repitió estas palabras que Hugo Chávez pronunció en su tristemente legendaria juramentación, el 2 de febrero de 1999:
Juro ante Dios, ante la patria y ante mi pueblo, sobre esta moribunda Constitución, que haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los tiempos.
Bibi no usó esos términos, en primer lugar, porque en Israel no tenemos constitución. Pero su intención y lo que podría haber dicho para expresarla era exactamente lo que Chávez no dudó en declarar abiertamente en aquella ocasión. Para Bibi y sus asociados, el sistema de gobierno de Israel, y sobre todo el rol del poder judicial independiente, es un problema crucial que requiere un cambio fundamental, y la primera meta del gobierno será modificar a fondo lo que ellos ven como un sistema constitucional moribundo.
En esta entrega quiero explicar con cierto detalle el significado de esta aserción, y al hacerlo, quiero también explicar lo que representa uno de los componentes más graves – no el único – de la situación trágica a la que nuestro querido país, nuestra economía, y nuestra frágil democracia están por precipitarse, y tal vez mucho más vertiginosamente de lo que hubiéramos querido pensar en nuestras peores pesadillas. Me extenderé esta vez un poco más que de costumbre, pero parte de la información la he colocado en recuadros separados, para quien quiera saltarse algunos de los detalles (aunque creo que son lo suficientemente importantes para quien sí quiera leerlos).
El resultado de estas últimas elecciones no es un simple cambio de gobierno, sino un ataque abierto contra el sistema de gobierno existente y contra la tradición jurídica muy bien basada (aunque no sin problemas) de nuestro país. Somos testigos del ascenso de una nueva realidad donde imperarán la arbitrariedad, la corrupción, y el nacionalismo extremo de orientación mesiánica. Mientras vaya pasando el tiempo, esto nos podría llevar también a la mediocridad, la ignorancia y la pobreza. Todo eso empieza, pero no termina, por el ataque desenfrenado al orden constitucional que Bibi y sus asociados han empezado a implementar, con todos los bríos, aún antes de la juramentación del nuevo gobierno.
No tenemos constitución, dije, y ahora menciono un “ataque al orden constitucional”. ¿Cómo es eso? Bueno, es que en Israel sí tenemos una serie de “leyes fundamentales” que se fueron aprobando a lo largo de los años y especialmente desde 1997, con la intención expresa de ir creando un corpus de orientación constitucional que rija más racionalmente la vida de la democracia israelí, y proteja los derechos del individuo. Así, por ejemplo, tenemos las leyes fundamentales que rigen el funcionamiento del gobierno y de la Knesset, la ley de la dignidad del individuo, y la ley de la libertad de escoger fuentes de trabajo. Más recientemente se promulgó la ley del Estado de Israel como estado nacional del pueblo judío, que es una ley un poco diferente, pero viene a jugar un rol similar. Estas leyes tienen un estatus especial, preferencial ante todas las otras leyes, y lo que es particularmente especial en ellas es que el Tribunal Supremo de Justicia puede anular una ley de tipo regular que se haya aprobado en la Knesset, si es que llega a concluir que dicha ley contradice el contenido y el espíritu de algunas de las leyes fundamentales.
Esta capacidad del TSJ es la base de uno de los argumentos más frecuentemente citado por aquellos que describen al sistema judicial israelí como el gran enemigo del pueblo y piden subordinarlo al ejecutivo (el poder legislativo en Israel no se diferencia mucho del ejecutivo, para empezar). Eso incluye, sin excepción, a todos los partidos de la nueva coalición, y no es de asombrarse que una de las primeras decisiones que quieren tomar es la aprobación de la así llamada “cláusula derogatoria” según la cual una mayoría simple de 61 miembros de la Knesset puede anular cualquier decisión de la corte suprema que les parezca inconveniente a los políticos. Esto no es sino un ejemplo entre muchos, de cómo la primera meta del gobierno es—como Chávez mismo propuso hacer en su juramentación de 1999—cambiar la Carta Magna según la cual se rige la democracia, y anular todos los contrapesos que limitan la posibilidad de que el gobierno se comporte de manera arbitraria y sin ningún tipo de regulación externa.
Antes de entrar a elaborar este punto, cabe recordar un dato simple: el poder del Tribunal Supremo israelí, de anular leyes basándose en leyes fundamentales, con todo lo importante que es desde el punto de vista de los derechos individuales y de minorías, fue legislado por la Knesset misma, como debe hacerse en una democracia normal, y no fue el Tribunal Supremo quien se otorgó ese derecho a sí mismo. Además, desde 1997 el TSJ ha anulado tan sólo 22 leyes (menos de una por año!), y siempre lo ha hecho en condiciones realmente extremas ya que tradicionalmente su tendencia básica, es no inmiscuirse en cuestiones de legislación excepto cuando sea totalmente necesario, especialmente en términos de daño directo a la libertad individual.
Desde las elecciones del primero de noviembre, a pesar del margen cómodo que le daban los resultados y de la supuesta homogeneidad entre los partidos que conforman el bloque, Bibi tuvo que pasar las de Caín para llegar a acuerdos con cada uno de los socios potenciales. Las partes más importantes de lo que se acordó (junto con los presupuestos absurdamente desproporcionados que cada partido recibió para satisfacer los intereses sectoriales de sus votantes) tocan directamente al debilitamiento de la separación de poderes y de la independencia del poder judicial. Hay detrás de esto razones ideológicas, en prime lugar, como por ejemplo la idea de que quien ha formado coalición y ha sido aprobado por voto mayoritario en la Knesset, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y cómo le dé la gana, sin estar limitado por contrapesos legales del sistema, supervisado desde el punto de vista de la legalidad de sus actos, o regulado por consideraciones de justicia ciudadana o de derechos de minorías.
Un punto muy importante que se menciona frecuentemente en este respecto es el de la gobernabilidad, que realmente es un problema muy serio en este país. Todos los partidos de la nueva coalición han predicado incesantemente que el problema de la gobernabilidad se deriva del hecho que el poder judicial, los consejeros jurídicos, los contadores encargados de revisar los presupuestos de los ministerios, los oficiales de la policía y la fiscalía que investigan supuestos desordenes administrativos, de los líderes del ejército que tienen sus opiniones profesionales tocantes a su campos de actividad, y en general todo el mecanismo público del estado, impiden el trabajo efectivo del gobierno. Según esta concepción, el problema de la gobernabilidad se resolverá inmediatamente en el momento en que su estatus jurídico cambie y que quienes ejercen cargos públicos, por importantes que sean, se transformen en un brazo que ejecuta los mandatos del gobierno, sin derecho de poder indicar qué es lo que la ley estipula (y limita) en cada uno de los campos (y mucho menos revisar de qué manera se utilizan los fondos del estado).
Pero al lado de ese tipo de argumento, que ha estado muy de moda en los últimos años en muchos otros países donde la derecha populista y el autoritarismo antidemocrático en general han ascendido (por ejemplo las quejas continuas de Trump y los Trumpistas sobre la influencia nefasta de lo que ellos llaman el Deep State), la razón más importante detrás del deseo de cambiar a fondo el sistema legal y el sistema de leyes fundamentales (o sea, “nuestra constitución”) tiene una razón exclusivamente israelí que nos acompaña ya por muchos años: la situación jurídica en que se encuentran muchos líderes de la coalición, con Bibi a la cabeza. Bibi está enfrentando, después de muchos años de postergación continua, procesos jurídicos que pueden llevarlo a la cárcel. Bibi mismo entendió mejor que nadie desde un primer momento, que la arena donde debería desarrollar sus esfuerzos contra una posible condena no era la judicial sino la pública. Por eso se dedicó, junto con la camarilla que lo rodea, a desprestigiar y atemorizar jueces, policías que han investigado, periodistas y comentadores, testigos y fiscales, y a hacerles perder toda su credibilidad frente al público. Por medio de fake news y una campaña muy bien orquestada y financiada por allegados, se ha podido crear esa opinión ya muy bien aceptada según la cual los cargos contra Bibi son una invención destinada a dar “un golpe de estado jurídico”, o sea a sacarlo de su puesto no por la vía de las elecciones (y cuando sí fue sacado por medio de elecciones, simplemente se siguió declarando que el nuevo gobierno no era legítimo, por A, por B o por C). Pero mientras más escuchamos periódicamente los testimonios de los testigos que declaran en los procesos contra él, más queda claro que él tiene razones de fondo para temer al veredicto que se escuchará algún día en la corte y el castigo que seguirá (aunque al ritmo presente eso podría tomar muchos años … ).
Como ejemplo reciente de este tipo de campaña, vean en el recuadro que sigue (para abrir hay que pulsar el símbolo > a la izquierda) una joya de los últimos días en lo que concierne a este tipo de instigación e intimidación contra los cuerpos de la ley y los medios, originado en la boca de Yair Netanyahu, el hijo pródigo, siempre dispuesto a hacer con gusto el trabajo sucio que Bibi prefiere dejarle a otros.
Yair Natenyahu y su máquina del veneno
Y es aquí es donde confluyen la precaria condición judicial de Bibi y los resultados de las últimas elecciones, con los procesos demográficos y culturales de largo plazo que han permitido que en el país se desarrollen libremente las tendencias ultranacionalistas de corte fascista, el mesianismo y la ortodoxia religiosa intransigente, y la homofobia. Los socios potenciales al gobierno saben que en este momento pueden exprimir a Bibi hasta la última gota y que él no ahorrará en concesiones a cualquier pedido, con tal de que a fin de cuentas se cree un gobierno y así poder volver a la condición de primer ministro. Eso significará la suspensión automática del juicio y permitirá mientras tanto la modificación de las leyes fundamentales del gobierno, de manera que pueda obtenerse inmunidad total para Bibi hasta el fin de los días.Más aún, Bibi no es el único líder al cual le conviene en este momento, o le convendrá en el futuro, la continuada debilitación del sistema judicial. En el recuadro que sigue describo brevemente los casos de otros de nuestros líderes que han saldado cuentas, o tienen cuentas abiertas con la justicia israelí.
Algunos de nuestro ministros y sus “relaciones especiales” con las instituciones de la ley:
Pero no se trata solamente de debilitar el sistema judicial por razones de corrupción personal y de allegados, sino por el interés en profundizar procesos que hoy en día pueden evitarse de forma legal, o por lo menos detenerse temporalmente, gracias a las leyes fundamentales que protegen los derechos de las minorías y del individuo. Esto incluye, por ejemplo, la expropiación ilegal y la anexión de tierras privadas de palestinos en los territorios conquistados, o, por otro lado, la limitación por decreto de actividades políticas de organizaciones civiles que promueven puntos de vista alternativos e iniciativas de diálogo con los palestinos, y que los miembros de la coalición (y no pocos miembros de la oposición, a decir verdad) consideran ilegales, o cercanas a actos de traición contar el estado o el pueblo judío.
Además de los cambios destinados a salvar el pellejo de Bibi frente a los tribunales, otros cambios de leyes fundamentales que ya se aprobaron han permitido desarmar por completo ministerios existentes, crear medio ministerios, transferir unidades de su lugar natural a nuevos ministerios faltos de misión clara tan sólo para poder nombrar ministros y viceministros a granel, a veces con dos ministros simultáneamente actuando en el mismo ministerio. Hay otra serie de atrocidades administrativas, que incluyen intromisión directa de políticos en la jerarquía de mando del ejército y de la policía. Todo eso para satisfacer los deseos insaciables de poder y dinero público de los aspirantes a la coalición, para que apoyen la creación de un gobierno. La exigencia de los socios a Bibi, que esas leyes se aprueben en la nueva Knesset antes de la juramentación del gobierno, reflejan bien el desprecio, y sobre todo la desconfianza total que ellos le tienen, a pesar de haberse declarado totalmente fieles al líder pero sabiendo que Bibi es la persona que nunca cumple sus promesas. Su relación para con él es totalmente instrumental.
Tendremos 30 ministros (sólo 5 mujeres entre ellos) y seis viceministros. En tres ministerios actuarán dos ministros simultáneamente, y en otros tres, muy centrales (finanzas (!!), relaciones exteriores e interior), habrá rotación después de dos años.
Obviamente las reuniones semanales del gobierno no tendrán ningún significado operativo, ni a Bibi le interesará escuchar la opinión de todos estos políticos faltos de influencia o experiencia, a los cuales el desprecia en su mayoría. Es probable que ni siquiera el gabinete de seguridad se reúna o tenga significado en las decisiones importantes, como la estrategia ante Irán. Está muy claro que Bibi sólo consultará con sus personas más allegadas, las pocas en que realmente confía, como Arieh Deri, Tzachi Hanegbi (nombrado director del consejo nacional de seguridad) o Ron Dermer. Vean en este recuadro algunos detalles sobre los ministerios que se han creado y las divisiones de reposabilidades en cada caso, para entender cómo esta camarilla nos qiuere hacer creer que lo que les interesa es resolver el problema de la gobernabilidad!
Ministerios más allá de la imginación
Y dentro de todo este cuadro, donde Bibi accedió (tal vez con gusto) a destruir sistemáticamente todos los marcos de gobierno del país y crear cargos faltos de contenido, él tuvo una única exigencia en la negociación frente a todos sus asociados. Es la tocante a la legislación para subordinar el sistema judicial. Para ello se acordó que todas las facciones de la coalición estarán obligadas a apoyar los proyectos de ley presentados por el Ministro de Justicia (Yariv Levin del Likud – la persona más estrechamente allegada a Bibi), incluida la “cláusula derogatoria”, las nuevas leyes básicas y las enmiendas a las leyes básicas existentes. Estas propuestas recibirán prioridad absoluta y completa sobre cualquier otro proyecto de ley, en cualquier caso y circunstancia, y serán discutidas hasta su completa aprobación antes de cualquier discusión de cualquier otro proyecto de ley que se presente.
Los planes incluyen no sólo la “cláusula derogatoria” que elimina la fuerza constitucional del TSJ, sino la plena subordinación del poder judicial a los políticos, como por ejemplo en estos casos:
el comité de elección de jueces tendrá un sólo representante del cuerpo judicial frente a ocho políticos o allegados,
el ministro de seguridad podrá inmiscuirse en investigaciones y decisiones operativas,
los consultores jurídicos del gobierno y de los minsiterios perderán su independencia (para que este punto no se pierda de vista, el primer cambio que Bibi realizó en la primera reunión del gobierno después de la juramentación, fue no invitar a participar a la consultora jurídica actual del gobierno, que fue nombrada anteriormente por Bennet y que por ley debe estar presente en toda reunión de ese tipo)
la “administración civil” en los territorios conquistados, el cuerpo que rige todos los aspectos no militares de la vida en esas zonas, saldrá de manos del ministerio de defensa y será encomendado personalmente a Smutrich, de por sí el representante de los colonos en esas áreas (para explicar la gravedad de lo que esto implica y la situación explosiva en la que nos sitúa, necesitaría expandirme mucho más de la que puedo acá. Sólo diré que existe un consenso absoluto entre todos los expertos en este campo en Israel, que han tenido largos años de experiencia en el ejército y en el trato con los palestinos, que se trata del error más grave de Bibi en la negociación y que a raíz de él vamos todos a pagar un precio muy alto en sangre)
Queda claro, entonces, que al juramentar su sexto gobierno este último jueves, Bibi y todos sus asociados, podrían simplemente haber repetido las palabras de Chávez en aquel acto de juramentación en el Congreso Nacional de Venezuela, usando el mismo tipo de retórica populista en lo que concierne al estado actual del sistema judicial y la "constitución moribunda" que lo rige, y al deseo de gobernar sin ningún tipo de limitaciones.
Este cambio profundo de la Carta Magna que rige nuestra democracia es sólo una de las manifestaciones de los cambios profundos que hemos estado viviendo y que llegan ahora a su punto de ebullición. No detallé aquí los problemas que veremos en otros campos como educación, economía, seguridad, diplomacia, nuestras relaciones con el pueblo judío en la diáspora, y otros aún más graves sobre los cuales ni se habla, como la defensa del medio ambiente y el crecimiento descontrolado de la población.
En estas últimas elecciones el tema “Ken Bibi-Lo Bibi” siguió ocupando un puesto central y hay quienes piensan que eso fue lo que llevó al triunfo del bloque Bibi, ya que los opositores no presentaban una agenda alternativa con contenido significativo. Yo estoy en desacuerdo con esa idea, aunque puede que haya en ella algo de verdad. Sin embargo, quien no entiende la profundidad del daño que Bibi y su círculo de allegados, principalmente el hijo Yair y la esposa Sara, infligieron de manera directa y personal al país y a todos sus ciudadanos en estos últimos seis años o más, no empieza a entender la realidad israelí. Los resultados de las últimas elecciones y el gobierno que acaba de juramentar ante la posición de debilidad en que se encuentra Bibi frente a sus asociados, es una verdadera desgracia para el futuro de nuestro país.
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